Guadalajara Dos

Que salgan en procesión, que organicen caravanas de militantes con sus banderitas y sus bocatas, que agiten a las juventudes socialistas para que acampen a la puerta con una protesta indefinida, que celebren mítines encendidos de todos los dirigentes nacionales, que publiquen manifiestos solidarios de abajo firmantes, que contraten a cantautores antiguos y modernos, españoles y cubanos, para que ofrezcan conciertos y se empañen los ojos de lágrimas con el atardecer y una canción que se llame libertad. Que organicen otra feria política como aquella frente a la cárcel de Guadalajara, cuando un juez mandó al talego a los que pagaron en los tribunales la barbarie de los GAL y el despilfarro de los fondos reservados en tiempos de Felipe González. Que hagan lo mismo ahora que una juez ha enviado a prisión a un ex consejero del Gobierno andaluz, que no se corten, que no se queden con la limitación del comunicado que ha aprobado el PSOE de Cádiz, que no escondan su visión de la Justicia en el exabrupto de una agrupación provincial. Si de verdad consideran, como han dicho, que el ex consejero procesado es un “represaliado político”; que el fiscal anticorrupción y la jueza que lo han enviado a prisión forman parte “de la derecha más recalcitrante”; y que el proceso judicial es tan arbitrario e “injusto” que llega a imputar a un hombre sin pruebas porque “no hay, ni puede haber una sola prueba" para culpar a Antonio Fernández de la trama de los ERE; si eso es lo que piensan, que organicen ya las manifestaciones a la puerta de la prisión. Guadalajara Dos.

Es tan desproporcionada, tan antidemocrática, la reacción visceral de los socialistas gaditanos, que lo que han conseguido, al final, es profundizar aún más en las contradicciones internas del PSOE y de la propia Junta de Andalucía en este caso; el imposible metafísico de ser, a la vez, acusación y defensa de la trama de los ERE. Podrían reparar, por ejemplo, los socialistas gaditanos en la evidencia de que también la Junta de Andalucía, personada en el proceso como acusación, solicitó que se le impusiera una fianza de casi 70 millones de euros al ex consejero Fernández, además de obligarlo a comparecer semanalmente en los juzgados. Parece evidente, por tanto, que aunque la Junta no solicitó prisión para el ex consejero, lo que sí tiene claro es que Fernández ha podido delinquir por su participación en el diseño y ejecución del ‘fondo de reptiles’. Según la teoría de la conspiración que manejan los socialistas gaditanos, ¿deberíamos considerar que la Junta de Andalucía forma parte también de la ‘derecha más recalcitrante’ que acusa al ex consejero “sin ni una sola prueba”?

Pero es que, más allá incluso del comunicado incendiario del PSOE de Cádiz, cuando la ejecutiva regional o el propio Gobierno andaluz salen en defensa de Fernández, y se muestran apesadumbrados por el procesamiento de un político que ejerció su cargo con “dignidad” y con “eficacia”, lo que tendrían que aclarar es por qué, en consecuencia, la Junta de Andalucía no ha solicitado que el ex consejero quede en libertad sin cargos. Y es que parece evidente, en definitiva, que el PSOE andaluz, con su secretario general a la cabeza, se ha instalado en un laberinto de contradicciones del que sólo puede escapar de la forma abrupta que ya ha apuntado: con la descalificación y el insulto.