Gálvez

Veinte de junio. Diez de la mañana. La mezquindad y el absurdo se han citado ese día, a esa hora, en un juzgado de Málaga para procesar por un delito de atentado contra la autoridad a la abogada y ex diputada Inmaculada Gálvez. Hay que conocer lo ocurrido para abochornarse con el panorama denigrante de ese juicio, el increíble espectáculo de ver cómo algunos procesados por el ‘caso Malaya’ tienen más crédito ante la Justicia que quienes, en los tiempos duros del gilismo, se atrevían a denunciar públicamente lo que muchos callaban, lo que tantos ocultaban, lo que algunos permitían. Y ahora, cuando la única certeza que se comparte es que el Ayuntamiento de Marbella ha sido saqueado, cuando todos se cuelgan las medallas de lo que nunca hicieron, a quienes sí fueron capaces de arriesgarse se les concede el viejo reconocimiento español de putas y apaleadas.

Fue tras las elecciones municipales de 1999. A los pocos días de la nueva victoria de Jesús Gil por mayoría absoluta, una mujer, que había sido candidata de Los Verdes, recibe una llamada del Ayuntamiento para comunicarle que le iban a revocar la licencia de su cafetería, el único sustento de su familia. «Se resuelve la licencia por hablar mal del alcalde», le dijeron. El juez Santiago Torres vio aquello y no tardó en anular la resolución municipal por la evidente arbitrariedad. Lo que siempre supieron los Gil, sin embargo, fue manejarse en los circuitos judiciales y el recurso contra la decisión del juez Santiago Torres acabó frustrándose, como el propio juez. Otras instancias judiciales le dieron la razón a Gil. La cafetería se cerraba.

Fue entonces cuando un grupo de amigos, entre ellos Gálvez, decidió encerrarse en la cafetería en señal de protesta. Los policías locales, con medios antidisturbios, llegan al local y, entre cuatro o cinco, la agarran de pies y manos y la sacan del local. La foto de la diputada en volandas abrió al día siguiente varios periódicos. El desalojo lo dirigía el jefe de la policía, Rafael del Pozo, ahora imputado en la ‘operación Malaya’.

Todos los desalojados ponen denuncias al instante por los métodos utilizados, pero no prospera ninguna. Tres días después del desalojo (¡tres días!), también el jefe de la Policía pone una denuncia contra Inmaculada Gálvez. Y prospera. Curioso. La acusa de agresión y atentado contra la autoridad. Dice, sin presentar parte médico, que la diputada le propinó una patada que le provocó la baja inmediata.

Por increíble que parezca, a pesar incluso de que el TSJA archivó inicialmente la denuncia, el ex jefe de la Policía de Gil ha conseguido que su denuncia prospere en el Tribunal Supremo. Sin prueba alguna de la agresión, se le concede más crédito a su palabra que a la de la ex diputada. Esperpento sonrojante. Uno de los procesados por el caso Malaya y hasta un fiscal desnortado piden pena de cárcel para Inmaculada Gálvez.

Veinte de junio. Diez de la mañana. En un juzgado de Málaga se dan cita la mezquindad y el absurdo. Pero también la solidaridad y el apoyo de quienes tengan cordura democrática y sientan verguenza ajena.